Nuevas políticas, viejos problemas: la precariedad

Plan de choque contra al prcariedad

Lamentablemente, nuestras ciudades no son sólo muestra de los desastres del boom inmobiliario; también lo son de la explotación de mucho/as compañeros/as que en condiciones de ilegalidad han participado en planes y proyectos promovidos por las administraciones y financiados con dinero público (planes generales o de desarrollo, equipamientos de todo tipo, promociones de vivienda pública, etc.… ).

En este momento de cambio, esperamos real y no aparente, Barcelona en Comú, candidatura ganadora de las pasadas elecciones municipales al ayuntamiento de Barcelona, incluye en su Plan de choque la incorporación en las futuras contrataciones del ayuntamiento de cláusulas que garanticen los derechos laborales y ambientales.

Esta propuesta supone una novedad y un avance en cuestión de derechos laborales; aunque cualquiera podría entenderla como básica y/o mínima, no había sido contemplada hasta la fecha. Tampoco lo ha sido la exigencia a los cargos públicos, de administraciones o instituciones relacionadas con la profesión, de transparencia y legalidad en la contratación en sus empresas (en aquellos casos en los que son compatibles con el cargo).

Cierto es que en el caso de nuestra profesión la mala praxis en la contratación, principalmente a través de la figura del falso autónomo– pero también con becas eternas o simplemente “en negro”-, ha estado durante años muy extendida, siendo una práctica habitual de muchos, por no decir la mayor parte, de los estudios y entendiéndose como una (falsa) normalidad plenamente aceptada.

Un claro ejemplo de ello,  es el aparecido en prensa sobre el estudio i3 Consultores, de Eduardo Leira. Tal y como expresa la sentencia [1], resultado del juicio por la denuncia de cuatro trabajadores, en dicho estudio hubo arquitectos/as trabajando como falsos/as autónomos/as y, posteriormente, se hicieron contratos laborales a estos/as arquitectos/as para una cualificación inferior a la que les correspondía. Por ello el demandado fue condenado a indemnizar a los trabajadores que le denunciaron, con los que tiene pendiente el pago de parte de dicha deuda salarial[2].

Se trata en de un caso común en aquella época, casos que todavía se producen, que no sólo suponen un delito, sino una futura falta deontológica [3], y que desde el Sindicato condenamos enérgicamente, exigiendo, al igual que se está haciendo en la sociedad, un cambio en la profesión. Cambio que no puede darse sin reconocer y saldar las deudas y sin que desde las instituciones competentes, tanto en la profesión como en las distintas administraciones, se vele por unas condiciones de trabajo justas y legales.

Por este motivo, desde el Sindicato de Arquitectos, consideramos una oportunidad, y una obligación, que, en este momento de cambio en los ayuntamientos e instituciones, se haga explicito y real el compromiso de éstas de luchar contra la ilegalidad y la explotación laboral:

  • Por un lado, incluyendo medidas que garanticen los derechos laborales básicos tanto de los trabajadores de las administraciones, como de las empresas contratadas por estas,
  • Y por otro, con la llegada del compromiso ético y la transparencia a los cargos públicos, garantizando que no tienen participación de ningún tipo en empresas con condiciones irregulares, en este caso de contratación.

Esperamos que tanto ayuntamientos como el de Madrid, Valencia, Coruña o Santiago, y en todos en general,  e instituciones como los Colegios Oficiales de Arquitectos de éstas y otras ciudades, asuman estas propuestas que consideramos de mínimos.

[1] Link a la Sentencia del Juzgado de lo Social 22-7-2011

[2] Las deudas de una sociedad mercantil en las que se incurra por delito juzgado son responsabilidad individual del administrador según el artículo 236 de la Ley de Sociedad des Capitalistas. Más allá de las responsabilidades societarias, en una oficina con un solo jefe-administrador directo, estas deudas suponen un  compromiso personal entre compañeros de la misma profesión.

[3] Según  lo aprobado por la Asamblea del CSCAE el 23de noviembre de 2012, a falta de su publicación en el BOE para su entrada en vigor

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